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Determinación de la SCJN viola Derechos Humanos

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El martes 13 del mes y año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró valida la revisión de personas y vehículos por parte de policías sin previa autorización judicial.

Esta noticia impactó a la sociedad entera por la indefensión a la que se nos enfrentamos,  Debido a los reclamos generalizados, la Suprema Corte emitió una tarjeta informativa declarando que la medida “no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo.  Por el contrario, lo que se dice en la resolución es que ese tipo de conductas están prohibidas. Las inspecciones sólo pueden realizarse cuando exista una denuncia de hechos delictivos ya sea de manera informal ante un policía o de manera formal ante el Ministerio Público. Cualquier inspección que se practique fuera de esos parámetros será ilegal y arbitraria”

Ajenos a la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie en este complicado país carente de confianza en las instituciones u omisos a ello, los magistrados autorizaron una medida que lleva el mensaje de intimidación.

El 11 de septiembre de 2017 Amnistía Internacional presentó aquí en Querétaro su informe sobre detenciones arbitrarias en el país, señalando que:  la tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando detenciones arbitrarias dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas.

El 24 de septiembre del año pasado, Carlos Zazueta, investigador de Amnistía Internacional, aquí mismo en Querétaro, consideró que la figura de “flagrancia no es real, se crea porque sirve”.  Informando que en nuestro país 8 de cada 10 personas que son consignadas ante los jueces son presentadas por ese delito que responde a una figura que no es real, puesto que sólo sirve para legitimar la actuación de las autoridades.

 

Tendríamos que evaluar a las procuradurías no por los casos que inician sino por los casos que ganan en un juicio justo, sin perder de vista que un juicio justo es aquel en que toda la evidencia es legal y se evalúa la licitud de cada prueba” comento Carlos Zazueta.

El caso ocurrido el 3 de octubre del año pasado en San Juan del Río, es sólo un ejemplo de lo que significa una detención arbitraria.  

Ese día Víctor Hugo Jiménez Bravo, fotoperiodista  fue detenido arbitrariamente por estar realizando su labor periodística al intentar documentar lo que acontecía en una manifestación de vecinos de San Juan del Río, mismos que se habían organizado para exigir respuestas ante las afectaciones sufridas por las inundaciones ocurridas el 28 de septiembre.  Muchos de ellos habían perdido todo sin que hasta ese momento fueran atendidos por la autoridad municipal. En ese evento también fueron detenidos varios vecinos del lugar por el sólo hecho de intentar llegar a donde se encontraba el presidente municipal.

Este caso fue reconocido por la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos cuya titular es la ombudsperson la Dra. Roxana de Jesús Ávalos, en este caso se reconoció que las personas fueron detenidas sin informar su status legal y su ubicación física al menos durante 2 horas.

Como mencioné líneas anteriores, éste es sólo un caso que sirve de ejemplo del abuso de autoridad  al que podemos enfrentarnos todos los ciudadanos.

Con la determinación de la SCJN que establece que la revisión de personas y vehículos por parte de policías puede realizarse sin que exista previa autorización judicial, se vulneran los derechos y libertades de las personas sobre todo de las y los adolescentes y de los jóvenes.

Ante esta resolución, la CNDH indicó que los derechos que se pueden vulnerar por esta determinación son los de: Presunción de inocencia, Debido proceso, Seguridad jurídica, Libertad personal y Principio de legalidad.

En México:

99% de los delitos quedan impunes (Indice Global de Impunidad México-2016)

26.47% de los ciudadanos sujetos a proceso penal tiene entre 18 y 29 años (Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 elaborado por el INEGI)

59% de los detenidos afirma que, al momento de la detención no le informaron por qué delito se les acusaba.

Concluyo con la siguiente reflexión:

Todo funcionario público tendría que realizar su trabajo viéndose en el otro, identificándonos como sujetos de derechos y obligaciones, sin olvidar que todo es momentáneo, incluyendo el puesto que desempeñan.

Alicia Colchado Ariza

Presidenta

Desarrollo Comunitario para la Transformación Social A.C.


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